Lo primero son las personas que viven en la comarca, que no tienen una alternativa social, laboral y que están emigrando “de nuevo”.
También es importante pensar en las personas que de sus impuestos han pagado los “planes del carbón”. Que han visto como se han utilizado para el beneficio de “ladrones”, que lo han convertido en patrimonio personal y se lo han llevado con ayuda de las Administraciones.
Es imprescindible mantener la producción de carbón nacional mientras se desarrollan alternativas energéticas, pero debemos de ir bajando poco a poco esta y promocionando alternativas. Lo que no debemos es consumir carbón importado que contamina más y no genera beneficios sociales.
Una consideración de las minas a cielo abierto, el problema reside en que una vez finalizada la extracción, todos se olvidan de recuperar la zona como bosque maderable; Aunque en la evaluación de impacto ambiental así venga reflejado. Pero las ayudas se han terminado y solo los grupos ecologistas y algunos políticos exigimos la recuperación y revalorización del terreno, así como responsabilidades a empresas y administración. Es un delito ecológico y como tal debe de ser tratado.
Po esto se debiera de crear un organismo público para la gestión de las ayudas MINER que se encargue las auditorías de las empresas que han recibido estas, de conocer el destino de las mismas y de exigir las responsabilidades correspondientes.
Una mejora de los servicios públicos, para facilitar el asentamiento de población (Hospital de Villablino).
Establecer un programa de desarrollo rural en estas comarcas para dar una alternativa económica y social al “monocultivo de carbón”.
Como principio de la solución seria la nacionalización de los sectores energéticos, comenzando por la extracción del carbón (como sector estratégico), y minimizar su efecto contaminante con estudios de fijación del CO2.
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